Trece de cada cien peruanos padece algún tipo de minusvalía. En el país no hay financiamiento claro para la ejecución de las políticas de rehabilitación, no es concreto el papel del Estado en el proceso de promoción del empleo a discapacitados, hay ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, falta una Dirección Nacional de Educación Especial y bonificaciones para los profesores de educación especial.
quinientos millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad o munusvalía. En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio de Salud realizaron un estudio que reveló que 45,4% -es decir, casi la mitad de la población peruana- sufría algún tipo de deficiencia. Este mismo estudio encontró que la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28% y que 13 de cada 100 peruanos padece de algún tipo de minusvalía.
A pesar de que son muchas las personas discapacitadas que vencen sus limitaciones para destacar en el deporte, la política, el arte o la empresa privada, así como ocurre en otras partes del mundo, el discapacitado en el Perú es víctima de la indiferencia, la discriminación y la marginación.Esta situación ha generado una ausencia de iniciativa política respecto a la promulgación y reglamentación de leyes que apoyen y respalden al minusválido y, por consiguiente, el retraso en el desarrollo e integración de estas personas en la sociedad. Más aún, las leyes promulgadas en elmarco de la década Internacional de las Personas Impedidas (1983–1992) que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras arquitectónicas y otorgaban créditos promocionales para sus empresas y beneficios tributarios para las empresas que contrataran trabajadores discapacitados, fueron prácticamente anuladas a partir de 1985 con la nueva administración.
Una nueva etapa
Después de un arduo e interesante debate, que tuvo una duración de más de tres años, el 18 de diciembre pasado, las organizaciones de personas con discapacidad lograron que el Congreso aprobara la ley 27050 que protege y ampara a los discapacitados del Perú. La medida dispone principalmente la ejecución de proyectos de desarrollo que permitan el normal desenvolvimiento de estas personas en la sociedad.
Como señala su autor, Guillermo Vega Espejo, aunque la ley no satisface a la totalidad de instituciones y gremios de discapacitados y personas, constituye un avance, ya que actualiza dispositivos de acuerdo con nuestros tiempos y añade disposiciones de interés que son viables para continuar realizando con eficacia la tarea de lograr la plena integración de las personas con habilidades diferentes.
Con la ley, por ejemplo, las municipalidades estarían comprometidas a crear oficinas de atención para personas con discapacidad y fomentar, de esta manera, su valoración y respeto en cada jurisdicción. "La oficina se encargaría de empadronar a los limitados físicos y mentales, así como ejecutar campañas de diagnóstico y prevención de discapacidad en sectores populares".
Otro aspecto que considera la ley está relacionado con el apoyo especializado de los organismos estatales, lo que ha constituido en el pasado uno de los obstáculos principales para las personas con discapacidad. Al respecto, la norma señala tareas a dos instituciones de reciente funcionamiento en el país: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). En el primer caso dispone la asignación de un defensor adjunto, especializado en la defensa de los derechos humanos de los discapacitados. Para el PROMUDEH, la ley crea el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), encargado de lograr la participación activa de dichas personas.
Para Javier Díez Canseco, discapacitado que cuenta con una interesante trayectoria como congresista, la ley constituye un triunfo con sabor amargo, "pues se trata de una ley fundamentalmente declarativa". Entre las principales deficiencias, señala: la ausencia de un financiamiento claro para la ejecución de las políticas, la no concreción del papel del Estado en el proceso de promoción del empleo, la ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, la ausencia de una Dirección Nacional de Educación Especial, y de una bonificación para los profesores de educación especial y, finalmente, la ausencia de dispositivos que obliguen a los medios de comunicación del Estado a transmitir sin costo alguno temas relacionados con la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. OEI.
AUTOR MANUEL JESUS CHAVEZ GUERRERO
